Memoria de Alcaldía
"Ya desde estos primeros
presupuestos del comienzo de nuestra legislatura, determinamos en su contenido
el fuerte compromiso que desde el 13 de junio del pasado año asumimos, con la
responsabilidad de gestionar la administración de nuestro Ayuntamiento.
Desde estos presupuestos
establecemos las bases de una política muy planificada y estudiada, que
interrelaciona todas las acciones e integra los distintos ámbitos de gestión (social,
cultural, histórico, turístico…), desarrollando los recursos económicos de
nuestro pueblo, de forma que cada gasto previsto en cualquiera de los capítulos
de este presupuesto, está perfectamente coordinado y relacionado con cada
previsión de gasto de cualquier otro capítulo o sector de gasto.
Por ello las partidas
previstas en la inversión cultural tienen que ver con esta forma de planificar
nuestro gasto, y además de pretender la conservación del rico patrimonio
material e inmaterial que tenemos para nuestras futuras generaciones, se
proyectan como elementos enriquecedores de nuestra oferta turística y
generadores de recursos económicos para nuestros comercios, agricultores y
familias.
Es decir, cada gasto de los
que componen este Presupuesto está perfectamente hilvanado y sistematizado en
el conjunto de la programación política que los grupos que conforman el actual
Equipo de Gobierno, consensuaron para afrontar la responsabilidad de la gestión
municipal en estos próximos 4 años.
Todo ello organizado con una
absoluta disciplina de equilibrio presupuestario con una especial
racionalización en la política del gasto y dentro de las escasas posibilidades
de acción que el actual sistema legislativo del régimen local nos permite.
Y es que estamos viviendo una
tremenda paradoja en el desarrollo de las políticas económicas que están
destruyendo el principio de autonomía municipal consagrado en nuestra
Constitución. Una paradoja construida a partir de distorsionar y de exagerar el
grado de culpa de los Ayuntamientos en el conjunto de la deuda del sector
público y de colocar el derroche local en el gasto como el centro de esa deuda
pública de una manera torticera e interesada.
Una paradoja construida con
numerosos elementos de valoración distorsionados, fundamentalmente en dos
sentidos, por un lado en el grado de culpa de la deuda pública cargado al
sector local, ya que, precisamente, es la deuda de los municipios la que menor
entidad tiene dentro el conjunto de la deuda de la totalidad de las
Administraciones Públicas y, por otro lado, en que el gasto directo en la
gestión de los servicios públicos resulta mucho más costoso que si se
exterioriza y se gestionan a través de empresas externas, resultando los
servicios básicos los más agredidos por la normativa.
Dos formas de abarcar el
problema del sector público local de una manera dirigida más a acabar con la
autonomía de gestión de los Ayuntamientos que nos vemos impedidos de
desarrollar políticas que puedan directamente incidir en el bienestar de
nuestros vecinos y que con la excusa del despilfarro y de la deuda cercenan
nuestra capacidad de acción pública.
Resulta, en este aspecto, del
todo chocante que un Ayuntamiento como el nuestro no pueda dedicar parte de su
presupuesto a contratar empleados de forma directa para ofrecer unos servicios
públicos de calidad a sus vecinos y sí puedan contratar con empresas externas a
su organización. Esto no tiene ningún sentido lógico, máxime cuando vemos con
numerosos ejemplos que lo que se ha hecho con este tipo de política normativa
es desviar caudales públicos a empresas estrechamente vinculadas con los
dirigentes políticos de la Comunidad en tramas de delincuencia que están siendo
investigadas, lo que nos induce a pensar que la verdadera razón de estas
reformas de la administración local tienen que ver más con un concepto de
negociar privadamente con los caudales públicos que acabar con la deuda
municipal.
Como tampoco tiene ningún
sentido que no se puedan acometer directamente políticas de acción municipal en
los servicios básicos sociales, en fomentar cualquier tipo de empleo, en apoyar
la calidad de la educación o en reforzar el régimen de salud y sí poder gastar
lo que buenamente se desee en fiestas y ocios locales.
No tiene ningún sentido que
los ayuntamientos tengamos serias dificultades de realizar políticas de apoyo a
las familias y personas que están pasando por un momento de precariedad en el
empleo y económica, sin tener competencias directas en servicios sociales y que
sí podamos gastarnos lo que buenamente deseemos en cualquier tipo de actividad
de ocio.
No tiene ningún sentido que
no podamos contratar personal para nuestro servicio de limpieza viaria y sí
podamos contratar a una empresa para que limpie nuestras calles, si no podemos
gastar dinero en un sentido, no puede ser que sí se pueda gastar ese mismo
dinero para pagar a una empresa que, a su vez, tiene que contratar personas
para llevar a cabo ese trabajo, lo que nos induce a pensar que lo que
verdaderamente provocan esta normativa no es a asegurar el servicio público,
sino a desviar los caudales públicos del mercado del trabajo y de las rentas
familiares al mercado del capital, favoreciendo a un sector muy privilegiado de
la población que controla ese mercado.
Esto o tiene un sentido
torcido e intencionado que no tiene que ver con las familias y las personas y
la buena gestión de lo público, o no tiene ningún sentido.
Por eso a nuestro
Ayuntamiento solo le queda en estas políticas de gran importancia para el
bienestar de las personas, reclamar y exigir a las Administraciones autonómica
y estatal el cumplimiento de sus competencias con la máxima exigencia e
intensidad y, al mismo tiempo, buscar las pequeñas posibilidades que la ley le
permite, para tratar de paliar de alguna forma la excesiva rigidez de la
normativa que le impide realizar políticas activas en apoyo de sus ciudadanos.
Por eso reclamamos y exigimos
una profunda reforma de la ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local que lo único que ha hecho es imposibilitar a nuestros
ayuntamientos trabajar por nuestros vecinos y una profunda reforma de la
financiación de las Haciendas locales que nos permitan llevar a cabo verdaderas
políticas en apoyo y ayuda de nuestros vecinos, no olvidando que son los
ayuntamientos la administración más directamente vinculada y relacionada con
los ciudadanos.
Insistimos en que este tipo
de políticas centralizadoras y paternalistas no contribuyen a la mejor gestión
de nuestros recursos y un buen ejemplo de ello es el Plan Regional de
Inversiones de nuestra Comunidad (PRISMA) que en realidad y si lo observamos
desde un punto de objetividad lo único que ha proporcionado en nuestro
municipio es detraer de nuestras posibilidades de inversión una cantidad de
alrededor de 1.200.000 euros en los últimos ocho años, esperando que la tutela
de la Comunidad quisiera y pudiera gestionar ese dinero en nuestra localidad
sin que eso se haya producido, cuando es un dinero público destinado a las
inversiones de nuestro pueblo que no llegaron.
Solo la insistencia de nuestro
Equipo de Gobierno, su inteligente gestión, advirtiendo los errores proyectados
y corrigiéndolos, el enorme esfuerzo de todos los funcionarios implicados en
nuestro ayuntamiento y la lucha desarrollada en prácticamente cuatro meses en
los que hemos podido tener opción de trabajar en lo que sabíamos nuestros
derechos, han podido salvar los muebles y hemos conseguido ya que 789.003 euros
de un plan de mejora de nuestro deteriorado viario público, vayan a ser
invertidos en nuestra localidad en los próximos meses, un verdadero logro en
tan pocos meses que habla de la decisión y compromiso con los que afrontamos
esta legislatura.
Eso no quiere decir que
olvidemos los otros tres proyectos solicitados y que están en espera de ser
contestados y resueltos por parte de la Comunidad de Madrid, el arreglo de los
desperfectos del Molino de la Huerta de Angulo que sufre una importante
patología en una de sus zapatas por un importe de 241.000 euros (en números
redondos) y la construcción de unos nuevos vestuarios para la Piscina Municipal
por importe de 110.000 €, además de distintos equipos informáticos para la
mejora de las infraestructuras de nuestros servicios para que en un futuro
inmediato podamos desarrollar la Administración electrónica, por un importe de
23.000 €.
En este sentido y sabiendo
que la Federación Madrileña de Municipios está negociando con la Comunidad de
Madrid un nuevo plan de inversiones para los municipios en el que nuestro
Ayuntamiento ha propuesto una mayor autonomía en la gestión de la cantidad que
nos corresponda sin esperar que la decisión del Consejero de turno sea la que
decida en qué, cuándo y cómo debemos realizar las inversiones que consideremos
más conveniente para y en nuestro pueblo.
No tiene tampoco ningún
sentido que un Ayuntamiento totalmente saneado como el nuestro, con un
presupuesto perfectamente equilibrado y con una deuda de 600.000 euros,
perfectamente amortizable y sin riesgo, fuera del plan de ajuste, pagando a sus
proveedores de forma puntual y en una media de 20 días, no pueda decidir sobre
la cantidad que le corresponde para asegurar la inversión y tenga que recabar
la tutela efectiva de una Administración que no ha demostrado ser garantía de
eficacia en el gasto, como hemos visto que hemos estado a punto de perder 1.200.000
€, ni de seguridad jurídica administrativa, considerando que, precisamente, la
empresa creada por la Comunidad de Madrid para gestionar los caudales públicos
de inversión de los Ayuntamientos, Arpegio, está fuertemente implicada en los
casos de corrupción que están siendo investigados por los jueces con distintas
imputaciones en posibles delitos de la llamada trama “Púnica”.
Presentamos desde esta
perspectiva unos presupuestos exquisitamente equilibrados, estudiados
milimétricamente para aprovechar al máximo los resquicios que nos permite la
legislación vigente en políticas sociales, dirigidos a mejorar las condiciones
de vida de nuestras familias y personas, comprometidos con el medio ambiente y
que de forma transversal proponen una fuerte implicación ciudadana en todas las
áreas de gestión, promocionando la cultura, el turismo, la economía y el
comercio local.
Unos presupuestos que han
aumentado en un 200% la cantidad para ayudas sociales en apoyo a familias
necesitadas, becas para estudio y generación de un depósito solidario de libros
de texto.
Unos presupuestos que se
vuelcan en promocionar nuestro patrimonio histórico y cultural, asegurando la
inversión en la recuperación y rehabilitación de restos defensivos de la
Batalla del Jarama, del Molino de la Huerta de Angulo y otros valores
patrimoniales de nuestra localidad.
Unos presupuestos en los que
se han considerado directamente las necesidades de nuestro campo, en
coordinación con nuestros agricultores y que van a tener por primera vez
partidas presupuestadas para invertir en el arreglo de las vías agropecuarias,
con el ensanchamiento de viejos puentes que presentan problemas con los
actuales sistemas de labor y la moderna maquinaria necesaria para dichas
labores agrícolas.
Unos presupuestos que
promocionan el mantenimiento de las instalaciones deportivas y que tienen en
cuenta nuevas inversiones para la práctica deportiva de nuestros vecinos.
Unos presupuestos que
promocionan el comercio y el turismo local, nuestra agricultura y nuestra
economía
En definitiva unos
presupuestos más sociales, muy equilibrados, que tienen como centro de atención
a las personas y que han sido elaborados con extremado cálculo para evitar
gastos innecesarios y conformar una participación del ciudadano en todas las
áreas de acción política.
Los primeros presupuestos de
nuestro equipo, que tiene muy planificado lo que quiere y desea con y para su
municipio y que significan una nueva forma de hacer política en el que nuestros
vecinos son el eje fundamental de toda acción de gobierno".
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